¿Están prescritas las reclamaciones por de daños derivados del "cártel de coches"?

31 Ene, 2022

Por resolución de fecha 23 de julio de 2015, la CNMC declaró la existencia de una infracción derivada del intercambio de información que la mayoría de los fabricantes de vehículos realizaron durante los años 2006 y 2013. Desde ese momento, los afectados por esta práctica tienen o han tenido Derecho a percibir una indemnización equivalente al incremento del precio que abonaron al momento de adquirir el vehículo.

 

La primera de las dificultades a las que se enfrentan los afectados es  el régimen de prescripción de estas reclamaciones, y la segunda, las dificultades es la identificación y cálculo del eventual daño provocado por el cártel de fabricantes de automóviles.

 

Es este artículo trataremos de arrojar algo de luz sobre el régimen de prescripción.

 

1.- Derecho aplicable y plazo de prescripción.

 

Si la conducta constitutiva de infracción se hubiera cometido después del 28 de mayo de 2017, no cabría ninguna duda de que el plazo prescriptivo sería de 5 años, ya que así se establece por el artículo 74 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, tras la modificación introducida por el Decreto-Ley 9/2017.

El régimen prescriptivo para las infracciones anteriores al 28 de mayo de 2017, sería el de 1 año establecido por el artículo 1968 CC.

 

Teniendo en consideración lo anterior, los datos con los que contamos para determinar la normativa aplicable y fijar el plazo prescriptivo son:

 

  • La conducta infractora se realizó entre los años 2006 y 2013.
  • La sanción se interpone por la CNMC en 2015.
  • Porsche, Volkswagen y Audi no recurren. (2015 Sanción firme)
  • El resto de fabricantes recurre la resolución de la CNMV.
  • En 2017 entra en vigor la norma que establece la prescripción de 5 años.
  • En 2021 el Tribunal Supremo confirma en diferentes sentencias la sanción interpuesta a los fabricantes por la CNMC.

Como puede observarse, no cabe duda de que las acciones frente a Porsche y Volkswagen Audi España se encuentran prescritas. En definitiva, tanto la resolución de la CNMC, como su firmeza, son anteriores a Decreto-Ley 9/2017 que modificó la Ley de Defensa de la Competencia.

 

En cuanto al resto de fabricantes, la cuestión se torna más compleja, pues como vemos existen múltiples soluciones que aparentemente podrían ser válidas.

 

A) PRIMERA TESIS

 

Considerar que los afectados podrían haber conocido la conducta infractora en 2015, junto con la resolución de la CNMC, cuando el plazo de prescripción era indiscutiblemente de 1 año, y por lo tanto, considerar que todas las acciones se encuentran prescritas.

 

Conforme con el artículo 1969 CC; “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.”

 

Desde la publicación de la resolución de la CNMC, puede entenderse que los afectados podían tener conocimiento sobre los todos los elementos configuradores de la acción (responsables, conducta ilícita y el daño), por lo tanto la acción era plenamente ejercitable desde el año 2015.

 

En este sentido, siguiendo esta tesis y considerando el plazo prescriptivo de un año fijado por el artículo 1968 CC,  todas las acciones se encuentran prescritas desde el año 2016.

 

B) SEGUNDA TESIS

 

Considerar que el plazo de prescripción es de 1 año, pero entender que su cómputo se inicia desde la firmeza de cada una de las resoluciones del Tribunal Supremo.

 

Esta tesis tiene su fundamento en un concepto jurídico creado por el Tribunal Supremo denominado “aptitud plena para litigar”, situación que requiere para la fijación del dies a quo que el que se propone a ejercitar la acción disponga toda la certeza sobre los elementos configuradores de la reclamación.

 

Partiendo de ese concepto, y entendiendo que los recursos de la mayoría de los infractores contra la declaración de la infracción y la sanción impuesta por la CNMC introducían cierta incertidumbre jurídica que podría incidir en el resultado del proceso, podría entenderse que el dies a quo se inicia tras la firmeza de dichas resoluciones.

 

Desde mi punto de vista, si bien es una interpretación que está plenamente justificada cuando existe un mandato legal que impide el ejercicio de la acción hasta que la prejudicialidad se resuelve, como ocurre por ejemplo con el artículo 114 de la LECrim, no considero que sea una interpretación aplicable para este caso. La prejudicialidad administrativa, a diferencia de la penal, no impide al perjudicado hacer valer su derecho si la información que ya obra en su poder le permite cuantificar el daño sufrido. Teniendo ello en consideración, entender que el dies a quo debe fijarse tras la firmeza de cada una de las resoluciones, constituye una interpretación un tanto forzada e interesada que dificilmente debería prosperar.

Última edición: Ene, 2022