¿Puede una persona declarada judicialmente discapaz (anteriormente incapaz) ser Presidente de su comunidad de Propietarios

01 Feb, 2022

Antes de la reforma legislativa  que entró en vigor en septiembre de 2021, la postura doctrinal mayoritaria venía sosteniendo que una persona declarada incapaz no podía ser presidente de la comunidad, por tratarse de un cargo personalisimo y por los inconvenientes prácticos que suponía que dicho cargo fuera efectuado por los representantes legales del incapaz.

 

Uno de los aspectos más relevantes de la Ley 8/2021 es que ha suprimido la incapacitación judicial.  En la actualidad se han sustituido los procesos de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos a las personas con discapacidad.

 

En esa tesitura, ¿cabría plantearse que una persona declarada discapaz asumiera la presidencia de su comunidad de propietarios a través de las personas que le proveen de apoyos?

 

Entendemos que tras la referida modificación pocas dudas pueden caber al respecto. 

 

Actualmente el obstáculo relativo a la naturaleza personalísima del cargo de presidente ha quedado totalmente superado tras suprimir la incapacitación judicial, y el único obstáculo posible, es si el hecho de que el cargo deba ser desarrollado a través de las personas que procuran apoyos al incapaz impide que presidencia sea asumida por el discapaz.

 

En este sentido, es de señalar que analógimanete la doctrina admite de forma unánimeme la posibilidad de que si un piso o local pertenece a una persona jurídica (sociedad mercantil, fundación, etc.) puede desempeñar la presidencia actuando por medio de sus órganos de representación legal.

 

Teniendo ello en consideración, sería absolutamente discriminatorio permitir a las personas jurídicas actuar por medio de estos órganos de representación, y negarles tal posibilidad a las personas físicas que precisan de medidas de apoyo.

 

Admitida esta posibilidad, hay que considerar si el ejercicio del cargo de presidente es obligatorio para todos los copropietarios, incluidos los discapaces. En este sentido, no encontramos  ningún argumento que justifique una exclusión a dicha obligación. Todo ello sin perjuicio de que ante los problemas de tipo práctico que puede plantear, y atendiendo a la voluntad del discapaz, se acuerde por la comunidad obviarlo.

 

Pero si lo que la comunidad pretende es lo contrario, es decir, imponerle el cumplimiento de su obligación legal de aceptar el cargo, no encontramos ningún obstáculo para hacerlo.

Última edición: Feb, 2022